El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) incluyó este año 37 nuevas variantes lingüísticas para asesorar y representar jurídicamente a indígenas acusados de algún delito.
Se trata de defensores públicos bilingües que no son abogados que aprendieron una lengua indígena, sino ya nacieron hablándola, por lo que tienen la capacidad, no sólo de explicar al acusado qué está pasando en el proceso, también pueden explicarle al juez cuál son los usos y costumbres de esos pueblos.
En total, este órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya cuenta con defensores públicos en 140 variantes lingüísticas para defender penalmente a personas hablantes de lenguas indígenas.
Algunas de las lenguas que se agregaron este 2020 a la lista fueron cucapá, mayo, paipai, tlapaneco, entre otras.
Éstas se suman, por ejemplo, al maya, mixe, mixteco, mazateco, náhuatl, otomí, purépecha, tarahumara, huasteco, huichol, tepehuano, totonaco, triqui, tseltal, yaqui, amuzgo, chatino, chinanteco, ch’ol, chontal, cora, cuicateco, zapoteco, y zoque, con las cuales ya se brindaban servicios.
Dicha variantes lingüísticas se hablan en estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Michoacán, Durango, y Puebla.
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